Marginación social – Sociedad – Cárcel – Miseria

13 enero 2010, Miércoles at 10:18 Deja un comentario

Os dejo un extracto de un texto que me ha gustado mucho, recomiendo leerlo entero. Sacado de:
Fuente original

LA NUEVA POLITICA DE EXTERMINIO

Hoy las crisis ya no son cíclicas, el “ejército industrial de reserva” es mayor que el de trabajadores empleados y no es ya necesario tal volumen de superpoblación para regular el mercado de trabajo. Como expone Bergalli, “los detenidos no son aprovechables para rellenar las lagunas del mercado laboral” y se plantea claramente su drástica reducción. La reinserción se planteó históricamente como fruto del trabajo del preso; pero ya no hay trabajo ni empleo que ofrecer; la cárcel se concibió como un mal, como un castigo, mientras que el trabajo hoy es una bendición, una suerte.

La reducción de la fuerza de trabajo en cantidades importantes sólo se puede obtener por medio de la guerra, pero tampoco hay que descuidar el creciente volumen de muertes a causa de la drogadicción, así como la difusión masiva de enfermedades infecciosas como el SIDA que puede permitir que a medio plazo una parte importante del “ejército industrial de reserva” vaya desapareciendo paulatinamente o se recluya en el sistema hospitalario. En España la cifra de presos, que se acerca ya a los 40.000, es más elevada que nunca y a ella hay que sumar otras 24.000 personas etiquetadas y recluidas como “enfermos mentales”. La reconversión y sus secuelas (obsolescencia y envejecimiento prematuro del trabajador) han disparado los índices de alcoholismo, así como la tasa de suicidios.

El tráfico de drogas, además, abre nuevos mercados “legales” como son los de desintoxicación, en los que pululan todo tipo de sectas y religiones junto a un arsenal de “expertos” en la materia: psicólogos, médicos, pedagogos, asistentes sociales, etc., proceso al que no es ajeno el “informe Abril” en el que se proponen los primeros pasos para la privatización del sistema sanitario, lo mismo que hace unos años se sugirió la privatización de las cárceles. Ambas vías confluyen, en definitiva, en ponernos en manos de “profesionales” en condiciones de vida hospitalarias o de semi-reclusión. No es extraño que esos “expertos” hablen de los drogadictos como “pacientes” , o sea, como objetos de tratamiento, no como sujetos y artífices de su propia recuperación. Y no vacilan en presumir de un análisis progresista: el drogadicto no es un delincuente sino un enfermo. Aunque no requiera intervención quirúrgica, también debe ser anestesiado, e incluso el gobierno del PSOE preconiza -y ha legalizado- el tratamiento farmacológico basado en metadona, una droga de idénticos efectos que la heroína pero con estatuto legal.

La sociedad se “prisioniza” cada vez más, se convierte en un gigantesco campo de concentración para el control “científico” de la población. La rehabilitación social ya no es una política exclusivamente carcelaria: también fuera hay personas que deben ser “reinsertadas” en la sociedad. La sociedad debe cumplir el mismo papel que antes cumplía la cárcel, debe convertirse en cárcel. Un ejemplo es el Decreto 218/90 del gobierno vasco sobre residencias de la tercera edad, que obliga a redactar en cada una de ellas un “reglamento de régimen interno”, definido como “el conjunto de reglas que disciplinan la organización y el desenvolvimiento de las funciones y actividades del Servicio Residencial”, cuya redacción no la aprueban los ancianos sino la Administración Autonómica.

Mientras, las cárceles pierden su vieja función (doma y disciplina laboral fabril del campesinado) y se ciñen a la “seguridad”, al aislamiento y exterminio de los sectores más conscientes de la clase dominada. Hoy la cárcel, ha escrito Pavarini, “sobrevive como instrumento de modulación del terror de clase” . De manera que todo reconduce finalmente a la idea de exterminio que en cualquier momento puede transformarse en verdadero holocausto. Vamos regresando así hacia la etapa anterior al siglo XVI, cuando la inexistencia de recursos penales hizo del aniquilamiento el único remedio frente al delito, la pena de muerte como pena única y exclusiva.

El capitalismo monopolista extiende los sistemas “duros” de control social fuera de los muros de las prisiones. Antes el capital sólo contaba con la fábrica o la cárcel para regular el mercado o imponer su disciplina. Fuera de ambas esferas, el individuo quedaba abandonado a su propio arbitrio, fuera del control público, lo que engendró la idea del “derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio”. La idea era que la sociedad estaba separada del Estado y se autorregulaba. Hoy, normas como la “ley Corcuera”, demuestran que se trata de imponer la disciplina en la calle , sobre los momentos de ocio, de tiempo libre y de esparcimiento. El control social se ha convertido en un control total, en fascismo puro y duro. Lo que antes era un control selectivo, sobre grupos sociales clasificados y estigmatizados (delincuentes, vagabundos, locos, inadptados, desviados o invertidos) ahora es control de masas y la política criminal, como ha expuesto Pavarini, se ha convertido en política de orden público encubierta bajo el calificativo de “seguridad nacional” y más recientemente de “seguridad ciudadana”.

La “despenalización” que asoma en el nuevo Código Penal (artículos 77 a 86), incluso con bendiciones progresistas, no solamente no es tal, sino que implica un control político sobre los colectivos fuera de los muros de las prisiones, en la calle (“probation”, libertad vigilada, condena condicional, arresto domiciliario) y por toda una parafernalia de “profesionales” a sueldo del Estado. Resulta que esos “gastos sociales” de los que alardean los reformistas y sindicalistas no van a parar a los marginados, sino que se invierten en financiar a toda la red de burócratas gestores de los “servicios sociales”. Ese “estado del bienestar” dedicado a la asistencia camufla así sus tentáculos con una apariencia benefactora y políticamente aséptica que, no obstante, sostiene Pavarini, “es la forma principal a través de la que se ejercita el control social”.

Las dos vertientes del capitalismo (la explotación y la beneficencia, el liberalismo y el reformismo) se abrazan siempre en este punto: el mercado margina y los servicios sociales integran; la cárcel descompone y la asistenta social recompone; la policía destruye y la caridad reconstruye.

Apenas queda al cubierto el carácter represor de las funciones asistenciales, caracterizadas por desarrollar unos programas de control absoluto sobre la población marginada, por reforzar y acumular la información sobre la clientela dependiente de los barrios periféricos. Y lo que es más grave para el “estado de bienestar”: la actuación de los servicios sociales multiplica y refuerza la marginación porque auxilian a algunos en detrimento de los demás, cuya situación resulta todavía más comprometida. Por ejemplo, el art.44 del Reglamento del gobierno vasco sobre el “salario social” dice: “Podrán quedar exluidos del cumplimiento de las contraprestaciones aquellos beneficiarios que, a juicio del preceptivo informe del servicio social de base municipal, constituyan personas inactivas sin posibilidad real de inserción en la sociedad y en el mercado laboral”. Es decir, que el “preceptivo informe de los servicios sociales” puede convertir a un persona en absolutamente inhábil, no ya para el trabajo sino incluso para vivir en sociedad, alguien totalmente irrecuperable, el eslabón débil de la cadena. Y eso que, según la exposición de motivos de esta norma autonómica, el “salario social” se pretende configurar como “un paraguas protector, el último del sistema público de protección social al que accedan únicamente aquellas personas o colectivos que se escapan a través del reticulado de la red de dicho sistema público”.

Las contradicciones son evidentes y mientras tras el “estado de bienestar” no hay más que un deliberado propósito de control social y diversión ideológica, resta constatar la saturación de mano de obra y el destino real que el Estado va a dar a esas decenas de miles de parias excedentes que deambulan por las calles y para los cuales el exterminio -directo indirecto- no aparece como absolutamente inverosímil. Sólo cabe discernir las formas en que se va a llevar a cabo para que todo encaje dentro del marco de esta Constitución.

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